CEPAL
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, señaló este lunes que ante el desafío de la inseguridad es indispensable promover pactos sociales para la igualdad con iniciativas que reconozcan en los ciudadanos a sujetos autónomos, pero también vulnerables, porque dependen de otros para la concreción de su plan de vida.
La alta funcionaria de Naciones Unidas transmitió este mensaje al participar en la conmemoración del décimo aniversario de la Declaración sobre Seguridad en las Américasn.
"Para la CEPAL el gran desafío de la región es garantizar una seguridad ´legítima para todos´, donde el Estado recupere su rol central, monopólico, y con ello disminuya las brechas de desigualdad en esta área", manifestó durante su discurso la máxima representante del organismo regional de Naciones Unidas.
"La inseguridad es otra brecha en la region que debe ser reducida para lograr el desarrollo", añadió Bárcena, quien destacó que América Latina ha logrado en los últimos años un constante crecimiento, una reducción de la pobreza y, en algunos países, incluso una disminución de la desigualdad.
Sin embargo, estos cambios macroeconómicos no tienen un efecto directo sobre los valores y conductas delictivas y, en ese proceso de lucha contra la inseguridad, "la presencia del Estado es esencial", subrayó.
Barcena abogó por "detener la privatización de la seguridad" y "promover la seguridad como un bien público". "La privatización de la seguridad, paradójicamente, conduce a mayores niveles de inseguridad general. La seguridad de unos pocos siempre es inseguridad para los excluidos", subrayó.
En América Latina la seguridad privada ha ido en ascenso y en Chile, por ejemplo, ya hay más de 2 guardias privados por cada policía.
"Desde la CEPAL creemos que los países de América Latina y el Caribe con grandes desigualdades de ingresos tienen más probabilidades de ser afectados por delitos violentos que las sociedades más equitativas", apuntó. Por el contrario, el crecimiento económico, una mejor distribución del ingreso, así como una mayor transparencia, contribuyen a evitar los crímenes violentos.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha estimado que los costos de la inseguridad superan el 5% del PIB anual para la mayoría de los países (se considera el gasto en seguridad del Estado y los costos que recaen directamente sobre los ciudadanos).
Estas estimaciones arrojan cifras similares a las que la CEPAL ha calculado para Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). En base a la información disponible de 2006, CEPAL estimó que los costos económicos de la violencia alcanzan 7.7% del PIB subregional. En estos costos se consideró las pérdidas en salud, costos institucionales, seguridad pública, justicia, gastos privados en seguridad y pérdidas materiales.
De acuerdo a CEPAL, entre 2007-2010 el gasto público en defensa, seguridad y justicia de Centroamérica creció de manera leve pero sostenida, tanto en términos nominales como en porcentajes del PIB. El gasto en defensa, seguridad y justicia en Centroamérica, en 2010, fluctuó entre 1,7% y 3,3% del PIB.
América Latina y el Caribe presenta algunos de los índices más altos del mundo de crímenes y violencias, con cerca de un tercio de los homicidios del mundo con tan sólo 8% de la población mundial y un promedio de 25.6 homicidios cada 100.000 habitantes en comparación con los 8.9 de Europa.
Las principales víctimas, directas e indirectas, de la situación de inseguridad en la región son las mujeres, los niños y niñas y los jovenes.
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