AFP
La Corporación Financiera Internacional (IFC), rama del Banco Mundial consagrada al sector privado, afirmó este sábado que está tomando medidas para superar problemas en un proyecto de explotación de aceite de palma en Honduras a cargo de una empresa acusada de violaciones a los derechos humanos.
Luego de que una auditoría interna de la institución multilateral revelara el viernes que la IFC financió un proyecto de la compañía estadounidense Dinant, acusada de asesinatos y expulsiones de campesinos, el organismo señaló que revisará lo actuado y puede llegar a anular el contrato con la firma.
Según el informe de la auditoría, la IFC aprobó en diciembre de 2008 una línea de crédito por 30 millones de dólares a Dinant para extender su producción de aceite de palma en el valle de Aguán (norte de Honduras).
La IFC "subestimó los riesgos relacionados a la seguridad y el conflicto de tierras asociados a la inversión en Dinant", indicó la Compliance Advisor Ombudsman (CAO, uno de los órganos de vigilancia interna del Banco).
La CAO, que reporta directamente al presidente del Banco Mundial, criticó a la IFC por una "inadecuada" supervisión del proyecto.
La región de Aguán, al norte de Honduras, vive desde hace más de cinco años un sangriento conflicto entre campesinos y terratenientes por posesión de tierras.
Unos 102 agricultores habrían sido asesinados en esa región entre 2010 y 2013, de los cuales unos 40 estarían vinculados directamente a terrenos propiedad de Dinant, según organizaciones no gubernamentales citadas en el informe de 59 páginas de la auditoría.
Unos nueve agentes de seguridad de la empresa también habrían sido asesinados por personas vinculadas al movimiento campesino, según esas mismas organizaciones.
Para la CAO, este caso "siembra dudas sobre la robustez de las estructuras de toma de decisiones" en la IFC para inversiones en zonas de alto riesgo.
"Estuvimos trabajando con el cliente en la elaboración de un plan de acción para la corrección" de esta situación, dijo un vocero del IFC.
"Si el cliente no cumple con sus obligaciones nos reservamos el derecho de adoptar todas las medidas adecuadas, incluyendo la anulación del contrato", agregó.
En su respuesta publicada por la CAO, la IFC había afirmado que los riesgos vinculados a este proyecto parecían "limitados y manejables" cuando la inversión fue aprobada en diciembre de 2008.
La agitación comenzó tras el golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, indicó.
A pesar del empeoramiento de la seguridad en la zona a raíz del caos político, la IFC desembolsó meses después 15 millones de dólares acordados en el préstamo.
Aunque expresó su desacuerdo con "algunas" conclusiones de la auditoría, la IFC señaló que extraerá enseñanzas para manejar los riesgos ambientales y sociales de zonas complicadas.
"Dinant está en proceso de adoptar nuevos protocolos de seguridad que definen y clarifican el uso apropiado de la fuerza", contratando a una empresa de seguridad que adhirió a principios de respeto a los derechos humanos, "algo inédito en Honduras", dijo el vocero de la IFC.
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