Wiebke Feuersenger
El bosque en Honduras es muy rico en especies, pero está tan dañado por la deforestación que la UNESCO lo ha puesto en la "Lista Roja" de los lugares declarados Patrimonio Mundial que están en peligro.
La ampliación de los cultivos de la palma aceitera para la producción de biocombustible juega también un papel muy importante en el problema. Los inversores y los propietarios invierten su dinero en su producción, que está en auge y sigue creciendo. A nivel mundial, se producen más de 50 millones de toneladas al año. Con frecuencia, los terratenientes ocupan las tierras comunales de manera ilegal, como ocurrió recientemente en la localidad de Vallecito, en el Distrito Colón, al norte de Honduras.
¿A quién pertenece el bosque en Honduras? Esta es una cuestión con la cual la Comunidad Garífuna, en la costa norte de Honduras, tiene que lidiar todos los días. De acuerdo al Instituto Hondureño de Ciencias Forestales (ICF), los bosques de Honduras cubren una superficie de aproximadamente 6,59 millones de hectáreas. Esto equivale a un 59 por ciento de la superficie del país. El 47 por ciento de esta superficie le pertenece al Estado, el 14 por ciento a los municipios, y el 39 por ciento está en manos privadas. El bosque donde la Comunidad Garífuna vive tradicionalmente es cada vez más pequeño.
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Por un lado, esto se debe a que el Estado ha cedido los bosques a manos privadas para que Honduras participe en el comercio de carbono como parte del programa REDD. Este es un programa de protección medioambiental patrocinado por la ONU. El objetivo es promover la conservación global de los bosques. Por otro lado, están las licencias otorgadas por el Estado para la instalación de centrales hidroeléctricas y explotación de minas, ya que el país centroamericano es rico en minerales como la plata, el zinc y el plomo.
La ampliación de los cultivos de la palma aceitera para la producción de biocombustible juega también un papel muy importante en el problema. Los inversores y los propietarios invierten su dinero en su producción, que está en auge y sigue creciendo. A nivel mundial, se producen más de 50 millones de toneladas al año. Con frecuencia, los terratenientes ocupan las tierras comunales de manera ilegal, como ocurrió recientemente en la localidad de Vallecito, en el Distrito Colón, al norte de Honduras.
Sin acceso
Desde 1997, seis comunidades Garífunas son propietarias de 1.600 hectáreas de tierra. Sin embargo, los Garífunas no tienen acceso a sus tierras porque se encuentran fuertemente custodiadas por terratenientes, cuyo personal armado vigila la zona. A pesar que en 1999 la Corte Suprema falló a favor de los Garífunas, ellos no pueden entrar a sus propias tierras desde 2005. Los terratenientes rechazan el fallo de la Corte. Tal es así que ni la entidad Agraria Estatal (INA) ni la fiscalía tienen acceso a las tierras.
Miriam Miranda, que dirige la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), es también defensora de los derechos de los Garífunas. Al referirse a una expropiación sufrida por la comunidad Afro-Caribeña en el norte del país, comenta: “La deforestación en Honduras no fue ocasionada por los pueblos indígenas”. El estilo de vida de los Garífunas casi no afecta a la naturaleza. Más bien, ellos solo extraen del bosque justo lo que necesitan para su alimento, además de las plantas medicinales y los materiales de construcción.
“El atropello de los derechos de los pueblos indígenas es el mayor problema en el trabajo de proyectos internacionales como REDD”, dice Miranda. La Ley sobre Terrenos Comunitarios está protegida por un Tratado Internacional, el Convenio 169 de la OIT, que fue también ratificado por Honduras. El tratado vinculante garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y el derecho a ser protegidos. Sin embargo, los Garífunas no tienen acceso a la información a todos los niveles donde se toman las decisiones, lamenta la activista de derechos humanos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la comunidad indígena Miskita, que vive en la costa del Atlántico a lo largo de la frontera con Nicaragua y Honduras.
Pero también existen proyectos que dan esperanza. En el año 2005, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) puso en marcha el proyecto PRORENA en Honduras. El objetivo del proyecto es la gestión de los bosques en colaboración con los actores locales. El sistema es tan eficaz como sencillo: las comunidades que viven del bosque tienen derecho a extraer madera de la parte que pertenece al estado mediante un contrato de licencia con el Servicio Forestal a largo plazo. El objetivo principal es la sostenibilidad; por ello, si un agricultor hondureño corta un árbol, debe pagar una cuota a la Alcaldía, y se compromete asimismo a conservar el bosque plantando nuevos árboles o haciendo sendas que sirvan de barreras contra incendios. El Servicio Forestal paga por estos trabajos y así reinvierte las cuotas recibidas por los árboles cortados.
El doctor Gerhard Jansen, que coordina el programa, habla de una situación donde todas las partes se benefician realmente. Por un lado, el Estado ahora recibe ingresos del bosque que administra, y al mismo tiempo lo preserva. Para que el proyecto tenga futuro, PRORENA entrena guardias forestales, y de esta forma, crea al mismo tiempo una nueva fuente de ingresos para la población. “Un estudio muestra que cada familia obtiene un ingreso adicional de alrededor de 2.600 euros al año por el uso de la madera”, dice Jansen. Esto es aproximadamente la cantidad del ingreso medio per cápita en Honduras.
El proyecto Balaire: la mujer se ayuda a si misma
El Comité de Emergencia Garífuna de Honduras (CEGAH) tiene también una trayectoria sostenible. En 1998, cuando el huracán Mitch golpeó Honduras y causó enormes daños a la costa norte del país, un grupo de mujeres fundó la CEGAH. Inicialmente, se creó como una organización de ayuda en caso de catástrofes. Con los años, la iniciativa ha desarrollado medidas para estar mejor preparados para futuros desastres medioambientales.
En aquella época, Mitch destruyó cerca del 70 por ciento de la cosecha. “Enseñamos a la población a cultivar las plantas tradicionales endémicas, como la yuca y la palma del coco, la mafafa – una planta rica en almidón –, plátanos y camotes. Los métodos agrícolas tradicionales también ayudan a la protección contra los desastres naturales y el cambio climático”, dice Nilda Gotay Hazel, presidenta de la Comisión.
Por ejemplo, se enseña el cultivo de la palma barrigona, una especie de árbol ricino que se puede utilizar de maneras diversas: para la producción de cestos o de herramientas Garífunas tradicionales, como “la culebra”, con la que los Garífunas pelan las raíces de la yuca para hacer el pan de yuca tradicional. También está el balaire, que es una planta enredadera que crece envolviéndose en otros árboles, proporcionando apoyo adicional contra el próximo huracán.
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