Editorial
El Tiempo
La deforestación de la cuenca del río Guacerique, denunciada por la Unidad de Protección de Cuencas del SANAA y la Fiscalía del Ambiente, revela la gravedad de la tala desmesurada de los bosques y sus efectos sobre las fuentes del agua, o sea los dos recursos más importantes para la población.
La cuenca del río Guacerique, que se extiende en casi 20,000 hectáreas, es vital para el abastecimiento del agua que consumen los habitantes, Tegucigalpa-Comayagüela, con su generación anual de 74 millones de metros cúbicos de agua, a la vez que forma parte de la cuenca mayor del Río Choluteca.
La depredación de esta zona forestal protegida, situada en las orillas de la ciudad capital, significa de manera elocuente lo que sucede en el resto de nuestro país en relación a la protección de nuestros recursos naturales.
Estadísticas conservadoras indican que Honduras pierde anualmente 60 mil hectáreas de bosque a consecuencia de los incendios, provocados casi en su totalidad por deliberada intervención humana.
La deforestación es en nuestro país el peor desastre ecológico a nivel centroamericano. La responsabilidad principal de esto recae en la industria de la madera, con la tala ilegal e incontrolada, lo mismo que en los incendiarios para la limpia de potreros y para obtener leña, vale decir prácticas ancestrales propias de la incultura rural.
La mayoría de los bosques hondureños son de pino, que es el principal recurso renovable de nuestro país. Si existiera una administración eficiente, Honduras tendría un lugar prominente en la explotación maderera, similar a la de Finlandia, pero sucede lo contrario.
Honduras ha ido convirtiéndose en un país semidesértico, con altos índices de degradación en sus fuentes de agua, de la flora y de la fauna silvestre. Las pérdidas son inmensurables, y todas ellas afectan fatalmente la vida humana y el futuro de la población, sustancialmente en forma irreversible.
Prácticamente es imposible la reforestación de los bosques de hoja ancha, con sus maderas preciosas, y la de los bosques de pino tarda por lo menos 25 años. Hay, es cierto, variedades de árboles maderables de rápido crecimiento, pero su cultivo es muy costoso, a largo plazo, y requiere de tecnologías sofisticadas solamente al alcance de grandes empresas.
La Ley Forestal es un instrumento que bien utilizado podría servir para reivindicar este recurso y organizarlo para su adecuada explotación en beneficio de la población y del desarrollo económico. El Instituto de Conservación Forestal es, en este sentido, la entidad encargada de esta formidable tarea.
Pero, en lo que importa a la protección es imprescindible aplicar drásticas medidas para hacer frente a la tala clandestina y la irresponsabilidad incendiaria, sobre todo en la estación seca, que se presta para estas actividades delictivas.
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