¿Un piso de protección social en América Latina?

Por Pedro García

Blog Humanum

Aproximadamente el 80% de la población mundial no cuenta con acceso a una protección social integral. O sea que cuatro de cada cinco personas en el mundo viven en situación económica y socialmente vulnerable, en cuanto a niveles insuficientes o inestables de ingresos, y a un acceso inadecuado a asistencia médica.

Por esta razón, varios organismos internacionales, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyan la idea de implementar en los países en desarrollo un estándar básico de beneficios sociales para el conjunto de la sociedad, denominado “Piso de Protección Social”. A iniciativa de la OIT, se creó un grupo de consulta presidido por Michelle Bachelet, que declara que los pisos de protección social “pueden contribuir a aumentar la cohesión, la paz y la estabilidad social”.

¿Qué relevancia tiene el Piso de Protección Social para América Latina? La iniciativa es importante en la región debido a los niveles persistentes de pobreza, las altas tasas de empleo informal, y las profundas condiciones de desigualdad.

En América Latina existen todavía 167 millones de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza. La asistencia social y los beneficios de seguridad social pueden funcionar para los hogares más pobres como “estabilizadores automáticos”. Políticas públicas para construir pisos de protección social reducirían el impacto de las crisis económicas en los hogares con menores ingresos de Latinoamérica.

Además, los seguros sociales en América Latina y el Caribe están estrechamente ligados al trabajo asalariado formal aunque más del 70% de la población en edad de trabajar no contribuya a ningún sistema de pensión. Esto se debe en gran medida a que casi el 50% de la población ocupada no agrícola tiene un empleo informal, sean asalariados, trabajadores domésticos o auto-empleados. La protección social en Latinoamérica debe considerar estas restricciones en la estructura del empleo para brindar cobertura también a través de mecanismos no contributivos. En Bolivia, por ejemplo, en 2008 se creó el programa no contributivo “Renta Dignidad”, que beneficia a 97% de los adultos mayores de 60 años. Los sistemas de pensiones focalizadas y no contributivas podrían reducir significativamente la pobreza en la vejez en América Latina a un costo razonable.

Finalmente, existe en América Latina una relación sumamente desproporcional entre cobertura social y nivel de ingresos. En el gráfico se muestra el porcentaje de hogares donde no hay afiliados a la seguridad social y que no reciben jubilaciones ni transferencias públicas asistenciales, distribuidos según su nivel de ingresos. La diferencia entre los primeros y últimos quintiles en Colombia, El Salvador y Paraguay es de casi 40 puntos. En todos los países las diferencias son considerables.

El concepto de Piso de Protección Social, como es tratado por la OIT, puede servir como brújula en la planeación de políticas públicas de protección social. No obstante, se debe definir mejor lo que entendemos por “Piso”, sin entrar en debates ideológicos, para pensar en modelos que protejan a los más pobres pero no desincentiven la búsqueda de trabajo y la cotización a los sistemas de pensiones y de salud.

Para algunos académicos, la implementación de un “sistema de protección social básico focalizado” que incluya derechos de pensiones y cobertura de salud básica es fiscalmente posible en América Latina. Sin embargo, algunas iniciativas latinoamericanas recientes en protección social despiertan dudas en cuanto a su sostenibilidad o pertinencia. Cabe cuestionarse sobre la utilidad a largo plazo de los sistemas cuyo financiamiento podría depender de la evolución de precios de un solo tipo de actividad o materia prima, ya sean hidrocarburos, minería o agricultura. Otras propuestas de reformas fiscales para financiar los pisos de protección social incluyen el aumento de impuestos en alimentos y medicinas.

¿Qué opinas? ¿Cómo debemos definir y financiar un piso de protección social que sea sostenible e inclusivo?