TEGUCIGALPA - Víctor Flores, alcalde de Nacaome, sentía que lo que escuchaba era demasiado bueno para ser verdad. La comitiva de diputados que llegó a su municipio en marzo de este año le hablaba de conceptos con los cuales no estaba familiarizado como: “ciudades modelo” o “charter cities”. Citaban a un tal Paul Romer, un economista estadounidense cuyo nombre nunca había escuchado, le decían que mirara a su alrededor y tratara de imaginar a Nacaome – un pueblo apacible de unos 65 mil habitantes – como un polo de desarrollo, con grandes industrias que proporcionarían empleo para todos.
Ubicada a una hora y media de Tegucigalpa, Nacaome es la capital del departamento de Valle y es un municipio predominantemente agrícola, donde la actividad económica dominante es el cultivo del maíz, frijol y algunos cultivos de exportación como el melón y la sandía.
Flores escuchaba con atención la propuesta. Como jefe edil de un municipio donde 80% de la población económicamente activa se encuentra desempleada, hay altos índices de alcoholismo y un 20% de los adultos son analfabetas, la promesa de generar empleo, construir carreteras donde sólo había caminos de terracería, escuelas de alta calidad y hospitales con tecnología punta, donde un paciente jamás moriría por falta de recursos, resultaba atractiva.
Las ciudades modelo serían la panacea para todos los males que afligían a su municipio: desde el desempleo masivo y la migración, hasta la sequía y la desnutrición infantil.
Pero Flores es un hombre pragmático y mientras escuchaba no podía evitar preguntarse: “¿Dónde está la letra pequeña?”
Pronto lo descubriría, cuando comenzó a leer sobre el tema en los medios de comunicación: En febrero del 2012, un mes antes de que llegara la comitiva de legisladores, el Congreso ya había aprobado un estatuto que modificaba la Constitución de la República y creaba Regiones Especiales de Desarrollo (RED), áreas geográficas bajo la tutela de un gobernador que se regirían bajo sus propias leyes y recaudarían sus propios impuestos.
Pronto lo descubriría, cuando comenzó a leer sobre el tema en los medios de comunicación: En febrero del 2012, un mes antes de que llegara la comitiva de legisladores, el Congreso ya había aprobado un estatuto que modificaba la Constitución de la República y creaba Regiones Especiales de Desarrollo (RED), áreas geográficas bajo la tutela de un gobernador que se regirían bajo sus propias leyes y recaudarían sus propios impuestos.
A pesar de ser un municipio deprimido, Nacaome se encuentra en el Golfo de Fonseca, un área de importancia estratégica, y fue incluido en una de las tres zonas designadas como “aptas” para el establecimiento de las primeras RED. Flores sentía que el guiso ya se había cocinado sin que nadie lo hubiera consultado.
“No podemos descartar que generaría empleo pero tal vez no con la masividad que están diciendo porque la mano de obra que aportaríamos sería no calificada. Los grandes técnicos los traerían ellos (los inversionistas) y aquí sólo pondríamos el mozo, como vulgarmente se dice”, considera Flores.
Las charter cities
Para el economista estadounidense Paul Romer, catedrático de la Universidad de Nueva York, la causa fundamental del subdesarrollo de un país se encuentra en la ausencia de “reglas claras”, es decir, leyes que le proporcionen certeza jurídica al inversionista, una burocracia eficaz que permita la realización de trámites en cuestión de horas y no meses, una policía bien equipada y que no sea corrupta, jueces honestos…
Canadá reúne muchos de esos elementos, a diferencia de Honduras, el país más violento del mundo (en 2011 se cometieron 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes), por donde transita un 80% de la cocaína que se trafica desde Sudamérica a Estados Unidos, y donde dos terceras partes de la población viven en pobreza, según cifras de Naciones Unidas.
La solución, plantea Romer, es tomar un pedazo de Honduras y empezar desde cero para crear instituciones limpias y transparentes o “reglas claras” que fomenten la inversión y el desarrollo, bajo la tutela de un país como Canadá, que administraría ese territorio y fungiría como “garante”.
Tomar una región deshabitada de Honduras y convertirla en una mini-Canadá tropical es posible, afirma Romer, quien bautizó esos polos de desarrollo con el nombre de charter cities, ya que son regiones que se rigen bajo sus propias reglas, recogidas en un charter o estatuto.
Pero en la práctica, uno de los principales problemas que ha enfrentado la teoría de Romer, es el hecho de que implica que un país en desarrollo ceda el control de una parte de su territorio a un país desarrollado, lo cual suele ser percibido como un atentado contra la soberanía nacional, motivo por el cual muchos de los ideólogos que abogan por la creación de enclaves industriales de desarrollo ahora buscan distanciarse de Romer y sus teorías y han acuñado un nuevo término: free cities.
Pero tanto el concepto de charter cities como el de free cities se basan en la creación de enclaves industriales que operan bajo normas políticas y jurídicas diferentes a las del resto del país, con la diferencia de que las charter cities requieren que un Estado ceda la administración de una parte de su territorio a otro Estado, mientras que bajo el modelo de free cities, el territorio es administrado por un consorcio de empresas, las cuales crean sus propias autoridades con sus propias reglas.
Nuevas reglas
En noviembre de 2010, tras haber escuchado una conferencia impartida por Romer, Octavio Sánchez, jefe del equipo presidencial, decidió buscar su apoyo para la formulación de la reforma constitucional que daría vida a las RED, convencido de que su presencia le daría legitimidad internacional al proyecto.
En febrero de 2011, el Congreso hondureño aprobó por mayoría simple (con sólo dos votos en contra) la reforma de los artículos constitucionales 304 y 329, donde el artículo 304 reza: “en ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”, aunque agrega que “se exceptúan de esta disposición los fueros jurisdiccionales en las Regiones Especiales de Desarrollo”.
El 4 de agosto del mismo año, la gaceta oficial publicó el decreto 23-2011, en el cual se detallan los poderes que les confieren a las RED. En el primer artículo se establece que las RED son “parte inalienable del Estado de Honduras”, y que sus habitantes seguirían estando amparados por la Constitución hondureña, votarían en las mismas elecciones que el resto del país, y tendrían un pasaporte y una cédula hondureña.
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