La Prensa
TEGUCIGALPA -El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso Nacional la suspensión temporal de todas las exoneraciones y beneficios fiscales otorgados o solicitados ante la Secretaría de Finanzas, por un término de 60 días, pero será ampliado a tres meses, una vez aprobado, y la creación de la Comisión Especial para el Análisis y Control de las mismas.
Este proyecto afecta la Ley de Emisión del Pensamiento que otorga beneficios fiscales a los medios de comunicación para importar la materia prima, además, violenta otras leyes contentivas de exoneraciones que incluye los sectores maquila, agroindustrial y energético.
Una comisión especial tendrá el control de revisar y determinar qué sectores mantendrán los beneficios fiscales y exoneraciones, bajo una serie de parámetros que solo benefician a la pequeña y mediana empresas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
El proyecto de ley fue presentado al final de la sesión nocturna del lunes anterior, como preámbulo a la discusión del Presupuesto General de la República, que se inició ayer en el Congreso Nacional, donde se prevé que sea aprobado antes de que finalice esta tercera legislatura, a la que le quedan ocho días.
Los recursos que se logren de la suspensión de las exoneraciones serán destinados a proyectos de infraestructura, unos manejados por los gobiernos municipales, cuyos alcaldes han realizado movilizaciones para exigirle al gobierno central las transferencias de recursos que por ley está obligado a hacer; y otros, por el gobierno central y la mitad, para pagar la deuda interna que alcanza los 60 mil millones de lempiras.
El artículo 1 demanda “suspender temporalmente todas las exoneraciones y beneficios fiscales que otorga la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, incluyendo las que estén pendientes de resolución y ejecución, por un término de 60 días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”.
Asimismo, se crea la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exoneraciones y beneficios fiscales que estará integrada por 12 representantes de la Presidencia de la República, del Congreso Nacional, de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Iglesia Católica, Confraternidad Evangélica, del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (Foprideh), del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), del Consejo Hondureño del Sector Social de la Económica (Cohdese), de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes), centrales obreras y organizaciones campesinas.
Los miembros de esta comisión especial para el análisis y control de las exoneraciones y beneficios fiscales serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta de los diversos sectores, según el proyecto de ley remitido por la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén.
Entre las atribuciones de esta comisión está levantar un inventario de todas las exoneraciones y beneficios fiscales de las que gozan actualmente diferentes sectores, y analizar y verificar que estos beneficios cumplan con una serie de parámetros como que se utilicen en programas y proyectos de beneficio social sin fines de lucro, que sirvan para incentivar el desarrollo social y económico y que no sean utilizados para fomentar la competencia desleal y no distorsionen las relaciones sociales del mercado.
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