Alianzas público-privadas para un desarrollo inclusivo en América Latina

Alicia Bárcena

Infolatam

Durante la última década, los países de América Latina y el Caribe se beneficiaron de un crecimiento dinámico con un significativo progreso en la esfera social, que se reflejó en niveles decrecientes de pobreza, extrema pobreza y desigualdad. La mayoría de las sociedades de la región pusieron como prioridad en su agenda de desarrollo social la necesidad de una mayor igualdad dentro de una estrategia basada en derechos que el Estado debería garantizar. 

Estas tendencias positivas fueron el resultado de una combinación de factores: un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas más sólidas, mejores condiciones en el mercado laboral apoyadas por políticas de trabajo y formación, un gasto social mayor y sostenido en el tiempo e iniciativas sociales innovadoras lideradas por los gobiernos, particularmente a través de la expansión de los programas de transferencias monetarias condicionadas. 

Como resultado, una parte significativa de la población regional ha salido de la pobreza y se ha beneficiado de un mejor acceso a una cesta más diversa de bienes de consumo privados “dentro de sus hogares”. Este fenómeno es extremadamente positivo y ha sido definido por varias instituciones y observadores como la emergencia de una “nueva clase media latinoamericana”. Aunque esto hasta cierto punto es verdad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hace algunas observaciones cautelares para evitar un análisis demasiado optimista en este sentido. 

En primer lugar, un sector relevante de esta población permanece justo por sobre la línea de la pobreza y es todavía extremadamente vulnerable a caer de nuevo en ella como consecuencia de un golpe externo, como por ejemplo a raíz de un aumento en los precios de los alimentos o de la energía. Además, a diferencia del consumo privado, el acceso de esta población a bienes y servicios públicos de calidad “fuera de sus hogares” en áreas como educación, salud, seguridad ciudadana, transporte público, etc., no ha mejorado. 

De hecho, algunas de las protestas sociales observadas durante los dos últimos años en varios países de la región representaron, en parte, un fuerte llamado de atención a las autoridades públicas sobre las nuevas demandas y expectativas de este segmento de la población que pide una mejora en su acceso a bienes y servicios de calidad, por cuanto éste no ha sido satisfecho. 

En la mayoría de los países de la región todavía existe una profunda división entre la calidad de los bienes y servicios que proveen los actores privados a los segmentos más ricos de la sociedad y la menor calidad de los bienes y servicios que el sector público otorga a los sectores vulnerables y de menores ingresos. 

Para encarar estas limitaciones, reducir el ciclo transgeneracional de la pobreza y la exclusión y abordar los asuntos más urgentes del desarrollo que afectan a todas las sociedades de la región, la CEPAL considera que se requiere de una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil en la que actores públicos y privados sean convocados a colaborar cada vez más en alianzas innovadoras. América Latina cuenta con significativas ventajas en esta materia. 

Se debe concebir una segunda generación de políticas sociales y laborales para ir más allá de los programas de transferencias condicionadas y rediseñar los sistemas de educación y capacitación a través de nuevas formas de colaboración de los diferentes niveles de gobierno con el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, lo cual puede beneficiar a todos ellos mediante la puesta en común de sus respectivas habilidades, capacidades y visiones.

Si bien América Latina y el Caribe está rezagada respecto a los países industrializados y a otras áreas en desarrollo en términos de innovación productiva, la región se ha convertido en una de las zonas más dinámicas en iniciativas de desarrollo e innovación social. Los actores públicos, privados y de la sociedad civil han cambiado significativamente a lo largo de la última década y las estrategias innovadoras han empezado a emerger gracias a este dinamismo. 

Algunos de los gobiernos de la región se han comprometido ya activamente con nuevas formas de diseñar políticas y con la colaboración con otros actores de la sociedad. Las comunidades locales están también entre los actores más innovadores a la hora de abordar sus propios desafíos sociales y pueden mostrarse como fuente de nuevas ideas para los gobiernos y el sector privado. 

Parte del sector privado está también evolucionando rápidamente y se ha involucrado en asuntos de desarrollo social y sostenible, trazando nuevas estrategias, modelos de negocio y formas de aportar valor en esas áreas. El sector académico juega asimismo un papel fundamental como proveedor de nuevas ideas, investigaciones y plataformas para facilitar la colaboración. Finalmente, han surgido otros actores e iniciativas, como las fundaciones filantrópicas y los emprendedores sociales, que están cambiando de forma incipiente pero radical la forma de tratar estos asuntos. 

La combinación de capacidades y conocimientos específicos de estos diferentes actores puede ser el motor para la generación de nuevas políticas destinadas a enfrentar los desafíos sociales y de desarrollo sostenible. Los gobiernos de la región deben proveer incentivos, permitir entornos y nuevos espacios para construir confianza, visiones comunes de largo plazo y colaboraciones innovadoras entre estos actores, y aprovechar las capacidades y el dinamismo de cada uno de ellos como nuevas formas de contribuir a reducir las brechas tradicionales y emergentes que dificultan su desarrollo social sostenible.