Honduras es el país más corrupto de Centroamérica, según Transparencia Internacional

Proceso Digital

Tegucigalpa - Transparencia Internacional (TI) volvió a situar a Honduras como el país más corrupto de Centroamérica y la cuarta más corrupta de América, según su informe “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2012”.

El referido informe destaca que Honduras apenas recibió 28 puntos en una escala de 0 (la percepción de alto nivel de corrupción) a 100 (de bajo nivel).

El índice evaluó a 176 países y Honduras ocupó la posición número 133, lo que significa que el 75 por ciento de los países del mundo son más transparentes, mientras que Honduras quedó entre l 25 por ciento de naciones más corruptas.

Dos tercios de los 176 países clasificados en el índice de 2012 obtuvieron una puntuación inferior a 50 en la escala de 0 a 100.

En comparación, tres países calificaron con 90 puntos cada uno tras ser identificados como los más transparentes del mundo: Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda.

En el contexto de las Américas, Honduras es el cuarto más corrupto. Solo tres de 32 países evaluados en esa región recibieron peores calificaciones: Paraguay, Haití y Venezuela.

Para la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), el organismo que representa en Honduras a TI, esa calificación demuestra una vez más la necesidad de cambios reales y profundos en materia de decencia el país.

“Es preocupante que una vez más nos han calificado entre los más corruptos del hemisferio”, dijo Carlos Hernández, secretario ejecutivo de la ASJ. “Sin embargo, hemos visto avances positivos que nos dan esperanza”.

Nueva Metodología para el IPC 2012

El IPC es un indicador global que agrega datos tomados de varias fuentes para mostrar la percepción de diferentes actores respecto al nivel de corrupción que ellos perciben en el sector público de diferentes países.

A partir del presente año, TI está utilizando una metodología actualizada para elaborar el índice y como reflejo de eso el índice se presenta en una escala de 0 (sumamente corrupto) a 100 (muy transparente).

Versión final de TLC Honduras-Canadá estará lista hasta 2013

Las frutas tropicales y los vegetales tienen una enorme demanda en el mercado canadiense.

La Tribuna

TEGUCIGALPA -  La designada presidencial y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, informó ayer que hasta principios del próximo año estará lista la traducción al francés e inglés del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá.

Los productores de vegetales y frutas tropicales están a la espera de que se abra ese nuevo mercado para exportar libre de aranceles, lo que generará miles de nuevos empleos en el sector rural del país.

Guillén rindió un informe sobre su viaje a Canadá la semana pasada en compañía del viceministro de Comercio Exterior, Melvin Redondo; el presidente de la Comisión para la Promoción de las Asociaciones Público Privadas (Coalianza), Carlos Pineda, y la embajadora en ese país, Sofía Cerrato.

Detalló que sostuvieron reuniones con representantes de la Agencia de Cooperación Canadiense, quienes manifestaron su interés de continuar con la ayuda a Honduras debido al éxito que se ha tenido en programas de educación, salud, seguridad y proyectos agrícolas.

La funcionaria también destacó que sostuvieron una reunión para hablar sobre la posibilidad de algunos proyectos mediante las alianzas público privadas y ya se manifestó un interés por el proyecto de la represa El Tablón en la zona sur del país y otro programa en el ámbito de seguridad.

Resaltó que está a punto de finalizarse la traducción al inglés y el francés de los textos del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Canadá, por lo que se espera que para la primavera del próximo año, entre los meses de marzo y abril, el presidente Lobo Sosa viaje al país norteamericano para firmar la versión final del acuerdo comercial.

Nuevas formas para salvar los bosques de Honduras

Wiebke Feuersenger 

Deutche Well

El bosque en Honduras es muy rico en especies, pero está tan dañado por la deforestación que la UNESCO lo ha puesto en la "Lista Roja" de los lugares declarados Patrimonio Mundial que están en peligro.

¿A quién pertenece el bosque en Honduras? Esta es una cuestión con la cual la Comunidad Garífuna, en la costa norte de Honduras, tiene que lidiar todos los días. De acuerdo al Instituto Hondureño de Ciencias Forestales (ICF), los bosques de Honduras cubren una superficie de aproximadamente 6,59 millones de hectáreas. Esto equivale a un 59 por ciento de la superficie del país. El 47 por ciento de esta superficie le pertenece al Estado, el 14 por ciento a los municipios, y el 39 por ciento está en manos privadas. El bosque donde la Comunidad Garífuna vive tradicionalmente es cada vez más pequeño.

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Por un lado, esto se debe a que el Estado ha cedido los bosques a manos privadas para que Honduras participe en el comercio de carbono como parte del programa REDD. Este es un programa de protección medioambiental patrocinado por la ONU. El objetivo es promover la conservación global de los bosques. Por otro lado, están las licencias otorgadas por el Estado para la instalación de centrales hidroeléctricas y explotación de minas, ya que el país centroamericano es rico en minerales como la plata, el zinc y el plomo.

La ampliación de los cultivos de la palma aceitera para la producción de biocombustible juega también un papel muy importante en el problema. Los inversores y los propietarios invierten su dinero en su producción, que está en auge y sigue creciendo. A nivel mundial, se producen más de 50 millones de toneladas al año. Con frecuencia, los terratenientes ocupan las tierras comunales de manera ilegal, como ocurrió recientemente en la localidad de Vallecito, en el Distrito Colón, al norte de Honduras.

Sin acceso

Desde 1997, seis comunidades Garífunas son propietarias de 1.600 hectáreas de tierra. Sin embargo, los Garífunas no tienen acceso a sus tierras porque se encuentran fuertemente custodiadas por terratenientes, cuyo personal armado vigila la zona. A pesar que en 1999 la Corte Suprema falló a favor de los Garífunas, ellos no pueden entrar a sus propias tierras desde 2005. Los terratenientes rechazan el fallo de la Corte. Tal es así que ni la entidad Agraria Estatal (INA) ni la fiscalía tienen acceso a las tierras.

Miriam Miranda, que dirige la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), es también defensora de los derechos de los Garífunas. Al referirse a una expropiación sufrida por la comunidad Afro-Caribeña en el norte del país, comenta: “La deforestación en Honduras no fue ocasionada por los pueblos indígenas”. El estilo de vida de los Garífunas casi no afecta a la naturaleza. Más bien, ellos solo extraen del bosque justo lo que necesitan para su alimento, además de las plantas medicinales y los materiales de construcción.

“El atropello de los derechos de los pueblos indígenas es el mayor problema en el trabajo de proyectos internacionales como REDD”, dice Miranda. La Ley sobre Terrenos Comunitarios está protegida por un Tratado Internacional, el Convenio 169 de la OIT, que fue también ratificado por Honduras. El tratado vinculante garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y el derecho a ser protegidos. Sin embargo, los Garífunas no tienen acceso a la información a todos los niveles donde se toman las decisiones, lamenta la activista de derechos humanos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la comunidad indígena Miskita, que vive en la costa del Atlántico a lo largo de la frontera con Nicaragua y Honduras.

Pero también existen proyectos que dan esperanza. En el año 2005, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) puso en marcha el proyecto PRORENA en Honduras. El objetivo del proyecto es la gestión de los bosques en colaboración con los actores locales. El sistema es tan eficaz como sencillo: las comunidades que viven del bosque tienen derecho a extraer madera de la parte que pertenece al estado mediante un contrato de licencia con el Servicio Forestal a largo plazo. El objetivo principal es la sostenibilidad; por ello, si un agricultor hondureño corta un árbol, debe pagar una cuota a la Alcaldía, y se compromete asimismo a conservar el bosque plantando nuevos árboles o haciendo sendas que sirvan de barreras contra incendios. El Servicio Forestal paga por estos trabajos y así reinvierte las cuotas recibidas por los árboles cortados.

El doctor Gerhard Jansen, que coordina el programa, habla de una situación donde todas las partes se benefician realmente. Por un lado, el Estado ahora recibe ingresos del bosque que administra, y al mismo tiempo lo preserva. Para que el proyecto tenga futuro, PRORENA entrena guardias forestales, y de esta forma, crea al mismo tiempo una nueva fuente de ingresos para la población. “Un estudio muestra que cada familia obtiene un ingreso adicional de alrededor de 2.600 euros al año por el uso de la madera”, dice Jansen. Esto es aproximadamente la cantidad del ingreso medio per cápita en Honduras.

El proyecto Balaire: la mujer se ayuda a si misma

El Comité de Emergencia Garífuna de Honduras (CEGAH) tiene también una trayectoria sostenible. En 1998, cuando el huracán Mitch golpeó Honduras y causó enormes daños a la costa norte del país, un grupo de mujeres fundó la CEGAH. Inicialmente, se creó como una organización de ayuda en caso de catástrofes. Con los años, la iniciativa ha desarrollado medidas para estar mejor preparados para futuros desastres medioambientales.

En aquella época, Mitch destruyó cerca del 70 por ciento de la cosecha. “Enseñamos a la población a cultivar las plantas tradicionales endémicas, como la yuca y la palma del coco, la mafafa – una planta rica en almidón –, plátanos y camotes. Los métodos agrícolas tradicionales también ayudan a la protección contra los desastres naturales y el cambio climático”, dice Nilda Gotay Hazel, presidenta de la Comisión.

Por ejemplo, se enseña el cultivo de la palma barrigona, una especie de árbol ricino que se puede utilizar de maneras diversas: para la producción de cestos o de herramientas Garífunas tradicionales, como “la culebra”, con la que los Garífunas pelan las raíces de la yuca para hacer el pan de yuca tradicional. También está el balaire, que es una planta enredadera que crece envolviéndose en otros árboles, proporcionando apoyo adicional contra el próximo huracán.

Bajo Aguan’s Modern Tragedy of the Commons

"An example from the Bajo Aguan region of Honduras exposes the major problem: the green economy has caused a modern Tragedy of the Commons by incentivizing practices that hurt the common good, like resource hoarding. Whether by omitting necessary safeguards, or because it is simply untenable by design, the green economy is exacerbating existing social inequalities in the name of saving the environment. In fact, in the Bajo Aguan, the green economy has even cropped up in the middle of a low-intensity war that has consumed entire communities."

Danielle Marie Mackey looks at the link between campesinos' murders in the Bajo Aguan and the global effort to fight climate change in an article here.

Inicia el estira y encoge por la revisión al salario mínimo

Trabajadores argumentan que nivel de inflación es superior al que indican las cifras oficiales.

Reynaldo Yanes

La Prensa

San Pedro Sula - El sector obrero ya inició la presión sobre los sectores privado y gubernamental para realizar una nueva revisión del salario mínimo.

 Dirigentes de la clase trabajadora presentaron argumentos en favor de los méritos de dicha revisión sobre la base del incremento de los precios de los alimentos de consumo básico.

En medio de la petición, los empresarios salieron al paso para defender los beneficios que ha generado el acuerdo salarial, lo que ha blindado algunas de las inversiones que llegan al país.
En febrero de este año se logró un acuerdo salarial para los próximos tres años, el que contiene una cláusula que obliga a revisarlo siempre que la inflación supere el 8%. Las cifras oficiales indican que este índice ronda el 6%, aunque hay sectores que dicen que ese es un número maquillado.

El salario mínimo actual está estratificado por sectores y oscila entre 4,617 y 7,144 lempiras.

Como efecto del acuerdo se sentaron reglas claras, lo que provocó que las inversiones se estabilizaran en áreas como la maquila, frenando el éxodo de producción que se produjo el año anterior.

Santiago Ruiz, quien firmó el acuerdo salarial en su condición de presidente del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), comentó que el sector privado “está en toda la disposición de respetar el acuerdo, que fue firmado con la mayor buena fe, pensando en los intereses del país, dándole al inversionista y al obrero dos años de una seguridad de saber a qué atenerse y que no quedase en manos del Gobierno cuando no se llega a un acuerdo y nadie queda satisfecho”.El empresario Jimmy Dacaret explicó que existe en el país una enorme cantidad de personas sin acceso al trabajo ni a disfrutar de las prestaciones sociales, así como aquellos que, aunque tienen trabajo, no reciben siquiera el salario mínimo. “Creo que si seguimos haciendo hincapié solamente en el valor del salario mínimo, vamos a ayudarle al Gobierno a que crezca la extrema pobreza en Honduras”, externó.

Dacaret refirió que el incremento de los costos de producción en el sector privado inhibe la capacidad de las empresas de hacer frente a los ajuste salariales como los que demanda el sector obrero. Adicionalmente, señaló que esas alzas se han tenido que absorber ante la dificultad de trasladarlas al consumidor.

Daniel  Durón, secretario general de la CTH (Confederación de Trabajadores de Honduras), dijo que han hecho estudios “que para algunos tecnócratas son empíricos, pero son reales. Uno va a un mayoreo o a un mercado de Tegucigalpa o San Pedro Sula y lo que compra con 500 lempiras, a la semana siguiente tiene que llevar 650 a 700 lempiras, y lo que hemos hecho es tomar un cálculo de 6,200 lempiras o 5,800, que es el salario mínimo promedio, y ver qué se puede comprar con esa cantidad de dinero, pero solo para comprar los alimentos, resulta un déficit del 25%”.

“La situación de inflación ha hecho estragos y ha pulverizado el salario mínimo en su conjunto”, añadió.

Durón reconoció que el Gobierno ha hecho algunos esfuerzos por mantener la estabilidad de precios, principalmente mediante la oferta de Banasupro (Suplidora Nacional de Productos Básicos), pero señaló que estos son insuficientes. “Esa institución todavía no está capitalizada, no tiene presencia nacional para poder atenuar la especulación y el agiotaje de que son objeto la mayor parte de los hondureños”, mencionó.

Desde el punto de vista de la dirigencia obrera, las cifras que ofrece el BCH (Banco Central de Honduras) se basan en un abanico de más de 200 productos, que incluye artículos considerados suntuarios, pero  si el porcentaje de inflación se calcula en base a una canasta de entre 20 y 30  productos, el resultado será un incremento del nivel de inflación superior al oficial.

De cualquier manera, según José Luis Baquedano, dirigente de la CUTH (Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras), tomando como válidas las cifras del BCH, el porcentaje de aumento al que los trabajadores tendrían derecho sería de un 7%, lo que representa un incremento de unos 300 lempiras al salario básico. “Hoy más que nunca requerimos que los empresarios cumplan con el acuerdo que firmaron las partes y que le paguen a los trabajadores conforme a lo establecido en la ley”, puntualizó.

Labour group issues report on free-trade zones

The Institute for Global Labour and Human Rights takes a sharply critical look at working conditions in Honduras' free-trade zones in reports available in English and Español.

A country without care jumps at the chance to see the doctor

The doctor is in, for a day, at the local children's home

Jody Paterson

A Closer Look

I’ve known for a while now that accessing medical care was a challenge for the majority of Hondurans who have to rely on the public system. But it wasn’t until I put in a couple of days as an ad-hoc translator for a U.S. doctor in the villages this week that I fully understood that medical care is as good as non-existent for a whole lot of people.

The doctor was part of a faith-based group out of Illinois and Tennessee who were here to build fuel-efficient stoves in three villages around Copan. She hadn’t planned on seeing patients, but word got out fast that there was a doctor among the group and she graciously agreed to see a few people.

And they jumped at the chance. On Monday and Tuesday we were in Guarumal, Cabanas, a village of 15 families, and at least nine of those families were in the lineup within 10 minutes of the doctor pulling up a chair on the patio outside a resident’s house. I suspect the other six families would have been there, too, if they’d heard the news that an impromptu clinic was on.

They arrived with all the problems that any family bumps into in the course of a life: fevered little children sick with a seasonal virus; bad coughs; yeast infections; stomach pain; acid reflux; foot fungus; bad teeth; lumps and bumps and itchy rashes that they’d had for years in some cases.

But unlike a typical North American family, these ones rarely got care for their illnesses and injuries. Even if they were able to find the $5 fee to see the doctor at the public clinic, the nearest clinic was a long, hard 10 or 15 miles away and many of them didn’t have transport. Nor did they have money for any necessary lab tests to confirm what ailed them, or for medications. Not that they could count on the scarce public health clinics in this area to even be open when they showed up, or have the medications they needed.

The pharmacies in Honduras are loaded with all the modern medications, and virtually all are available without a prescription. But until a doctor gives you a diagnosis and the name of a drug that might help, none of that means a thing. I wouldn’t like to think how many people end up using the wrong medication for an ailment, simply because they don’t know which one to ask for.

So while the people in Guarumal were grateful that the visiting doctor sometimes pulled a free bottle of painkillers or antibiotics out of her magic bag, they were equally appreciative just to have her write down the name of the medication they needed.  Money is one hurdle, but knowing what drug to buy is an additional barrier.

The good doctor let me lure her to the Angelitos Felices foster home as well, where 25 or so kids pass their days in unsanitary, damp conditions in which they share towels, clothes, bedding, shoes and therefore all the diseases and infections that spread that way. I’d cautioned her that the kids might be shy about being examined, but in fact most of them really seemed to like the personal attention, not to mention the chance to get a band-aid (or two or three) on their many cuts and scrapes.

I came home with a list of suggested medications for all the kids with ailments, with an asterisk by the ones who need treatment most urgently. That included a two-year-old and a four-year-old who both have severe staph infections on their scalps, a nine-year-old suffering from a monstrous tooth ache from the worst of his many cavities, and a 14-year-old with a urinary tract infection. (Wish I could have done something for the asthmatic little boy we met in Guarumal, who was so obviously struggling for every breath.)

The doctor says just about every child in Angelitos has a chronic fungal infection on their feet, and some have it on their faces and scalps. So I bought a big tube of anti-fungal cream at the pharmacy this morning and am going back for two more when the next shipment arrives from San Pedro next week. Clearing the fungus out of that place sounds like an impossible task, but even a month or two without cracked, achy feet should be a relief for those kids.

Spare a thought for them next time you’re grumbling about the wait at the walk-in clinic or the lineup at the pharmacy. The people here would be ecstatic if that was as big as the problems got.