Control de precios

Editorial

El Tiempo

En respuesta a la protesta general por el aumento de los precios de los artículos de la canasta básica familiar, especialmente de los alimentos básicos, el Ejecutivo ha creado una comisión que se encargará de presentarle opciones para la reducción de los precios de estos productos.

Esta comisión, integrada con personas del sector obrero, productores, funcionarios gubernamentales y de organizaciones defensoras del consumidor, abarca todo el abanico, y, por lo tanto, es bastante numerosa. La coordinación queda a cargo de los secretarios de Planificación y de Industria y Comercio.

En el fondo, de lo que se trata es de la búsqueda de un mecanismo de control de precios, aunque la iniciativa se presente como un intento de evitar el abuso de la comercialización en perjuicio de los consumidores. La de protección del consumidor corresponde, por ley, a la Fiscalía Especial creada para tal fin.

De antemano puede pronosticarse el fracaso de esta comisión por la sencilla razón de que en una economía abierta, como la nuestra, esa clase de controles no funciona porque la comercialización está sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Además, también inciden en esto diversos factores cambiantes e incontrolables, por ejemplo los costos de la energía y la devaluación.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), llega hasta plantear la necesidad de crear una Superintendencia de Precios, o sea una entidad encargada de establecer los precios al consumidor. Hacer eso implicaría convertir nuestra economía en una economía cerrada, en la que todo el proceso está controlado por el Estado, desde la producción, el mercado, hasta la comercialización final.

En el pasado, y por muy poco tiempo, el gobierno ha concertado períodos de congelación de precios de determinados artículos de la canasta básica familiar, sobre todo a final de año en que la especulación comercial tiende a ser abusiva, aprovechando la euforia navideña y la tendencia al consumo gracias al aguinaldo.

Esta negociación, sin embargo, casi siempre ha sido en perjuicio del consumidor porque la congelación se hace sobre precios alzados de antemano, pues los comerciantes calculan el costo de la devaluación, las posibles variaciones de los servicios, e incluso el pago de aguinaldo a sus empleados.

Lo cierto es que la regulación de los precios es algo muy complejo, aún en las economías cerradas o en las economías abiertas bien organizadas. En nuestro medio, tal como lo plantean algunos empresarios, sería más efectiva la adopción de políticas para estimular la producción agropecuaria.

Por lo pronto, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor, la Secretaría de Industria y Comercio y las autoridades municipales tendrían que actuar diligentemente para coordinar mecanismos efectivos de control de calidad, de revisión sistematizada de las pesas y medidas, y, por supuesto, actuar ante las denuncias formales de abuso comercial.