De $22 millones que aprobó el BID para Paz y Convivencia solo se ejecutaron $13.4 millones en 10 años.
Lisseth García
La Prensa
San Pedro Sula
A San Pedro Sula y 16 municipios más de la Región Metropolitana del Valle de Sula los escogieron para un proyecto de prevención debido a su vulnerabilidad ante el crimen.
Diez años después y con un préstamo de $22 millones, el proyecto de Paz y Convivencia no ha podido revertir los índices de criminalidad y sus frutos son casi imperceptibles para una zona que convierte al país en uno de los más violentos del mundo.
El proyecto, que se gestó en la administración de Roberto Larios Silva en 1998, dio sus pininos en 2001 con el lanzamiento de la propuesta “Ciudadanos por la Paz y la Convivencia” que recibió su capital semilla de $50 mil de la embajada de Inglaterra. Allí en ese evento, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) se comprometió a apoyar el proyecto.
Ese respaldo se concretó en la administración de Óscar Kilgore, cuando el BID aprobó el préstamo de 20 millones de dólares con una contraparte municipal de $2 millones.
El programa ha pasado por siete directores en cuatro administraciones municipales y 10 años después de los primeros desembolsos se observan solo algunos logros.
Hay casas de la cultura, bibliotecas semivirtuales y canchas construidas; también un observatorio de la violencia que no es referencia en el país; sin embargo, el atraso y letargo en cumplir a cabalidad los componentes del diseño original hicieron que el plan se volviera obsoleto y los resultados minúsculos frente a la realidad que vive el país.
El Proyecto de Paz y Convivencia pensado para prevenir el crimen y la violencia deja una estela de frustración en algunos sectores y esperanzas en otros. Cuando nació el programa, la tasa de homicidios en Honduras era de 60 por cada 100,000 habitantes, arriba de la tasa promedio de Latinoamérica que entonces era de 40. Al finalizar el programa de los $22 millones previstos para invertir en prevención de la violencia solo se ejecutaron $13.4 millones; el resto nunca fue desembolsado al proyecto, pero sí al gobierno de Manuel Zelaya, quien tomó los restantes $8.6 millones supuestamente para destinarlos a emergencias por inundaciones.
Cifras frías
La Región del Valle de Sula era en 1998 una de las zonas más afectadas por la criminalidad. En la actualidad es mayor y una tasa promedio de 107 homicidios por cada 100,000 habitantes es muestra obvia.
Como la región más industrializada de Honduras, el Valle de Sula aportaba cuando se concibió el proyecto el 55% del producto interno bruto del país.
Su población era de 1.3 millones de habitantes y ha crecido a una tasa promedio del 5% anual debido a la inmigración interna.
Según estudios realizados, en el Valle de Sula la mayoría de los delitos violentos los cometían varones entre 15 y 30 años de edad. Casi 86% de las víctimas eran hombres jóvenes y además se estimó que unos 8,000 jóvenes ya eran pandilleros.
Esos fueron los datos que se utilizaron para lograr que el proyecto llegara a San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Lima, Villanueva, Choloma, Omoa, Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, Pimienta, San Manuel, San Antonio, San Francisco de Yojoa en Cortés; en Yoro, El Progreso, Santa Rita y El Negrito; y en Santa Bárbara, Petoa y Quimistán.
Desde ese momento la percepción generalizada de la opinión pública en la región era no solo que el problema era serio, sino que se agravaba y urgía implementar un programa de Paz y Convivencia con un enfoque integral y preventivo.
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