La Prensa
San Pedro Sula
A pesar de la controversia y que la legalidad del proyecto deberá ser dirimida por el Poder Judicial, el Congreso Nacional conoció ayer un proyecto de ley orientado a establecer tres áreas territoriales donde funcionarían las primeras ciudades modelos del país.
De acuerdo con la iniciativa de ley, introducida al pleno, “se declaran como zonas aptas para el establecimiento de las RED (regiones especiales de desarrollo) y se autoriza la creación de las mismas en sitios que se encuentren en Sico y Paulaya y Punta Castilla, en Colón; valle de Cuyamel, en Cortés; y Golfo de Fonseca, entre Choluteca y Valle”.
De acuerdo con el proyecto de ley, dentro de estas zonas aptas únicamente se considerará que forman parte de las RED los bienes inmuebles que a cualquier título sean traspasados al gobierno de las RED o se incorporen a este régimen especial de conformidad con su estatuto constitucional.
Las tierras tituladas a favor de pueblos indígenas y afrohondureños no podrán ser expropiadas ni esas poblaciones desplazadas con el propósito de incorporarlas al régimen de las RED. No obstante lo anterior, estas poblaciones podrán incorporarse voluntariamente a este régimen.
De acuerdo con el artículo 3 de la propuesta, las importaciones que hagan las personas naturales o jurídicas que operan en una RED, al ingresar en el territorio aduanero del resto del país en tránsito a las RED estarán libres del pago de impuestos, aranceles, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y gravamen que tengan relación directa o indirecta, con las operaciones de importación y exportación; las compras de bienes y servicios que hagan en el mercado nacional las empresas que operan dentro de una RED están exoneradas del pago del impuesto sobre ventas.
El ingreso de mercancías desde el resto del territorio nacional con destino a una RED y las exportaciones que se hagan desde esta última se tramitarán con una DUA (declaración única aduanera), sin la intervención de agente aduanero o apoderado especial aduanero.
Entre tanto, el artículo cuatro indica que los actos administrativos, civiles, mercantiles o judiciales emitidos por las autoridades de las RED tienen pleno reconocimiento en el resto del territorio nacional.
Entre tanto, el artículo cuatro indica que los actos administrativos, civiles, mercantiles o judiciales emitidos por las autoridades de las RED tienen pleno reconocimiento en el resto del territorio nacional.
El quinto expresa que aldeas, colonias, barrios y/o caseríos que se encuentren dentro o estén contiguos o vinculados a las zonas aptas a adherirse a las RED, previa celebración de un plebiscito vinculante celebrado entre sus habitantes de conformidad con la Ley de Municipalidades.
Sin necesidad del plebiscito vinculante antes mencionado, también podrán adherirse voluntariamente a las RED los predios no habitados que se encuentren contiguos a las mismas.
Cabe mencionar que, de acuerdo con las explicaciones que expertos dieron al pleno legislativo, cada RED tendrá un área no mayor de 50 hectáreas y en cada zona podría instalarse más de una RED. Otro aspecto es que las zonas donde se instalen no deben ser urbanas.
Crece la oposición
La propuesta fue presentada por el diputado oficialista Nájera y una comisión especial que presidirá Rodolfo Irías Navas la dictaminará, tomando en cuenta las implicaciones con el Cafta.
Pero en el mismo Congreso ya las bancadas del Pinu y de la DC (Democracia Cristiana) presentaron sus dudas sobre el proyecto y su consecuente oposición a él.
El pinuista Toribio Aguilera señaló que está confundido y decepcionado con el manejo que se le está dando al tema y consideró prudente esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Augusto Cruz, de la DC, quien se opuso originalmente a la Ley de las RED , dijo que se opone a la creación de estas regiones mientras no se conozca el fallo de la Corte.
Augusto Cruz, de la DC, quien se opuso originalmente a la Ley de las RED , dijo que se opone a la creación de estas regiones mientras no se conozca el fallo de la Corte.
Al paso salió el oficialista Oswaldo Ramos Soto, quien explicó que el procedimiento seguido para aprobarlo fue el correcto y sobre el argumento que se violenta la soberanía indicó que el territorio sigue siendo hondureño, con soberanía hondureña, por lo que el fallo de la Corte será favorable.
Juan Orlando Hernández , presidente del Congreso, dijo que la misma oposición de algunos sectores ocurrió cuando vino la maquila y ahora muchas familias tienen trabajos que mejoraron su calidad de vida.
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